REDACTAMOS LOS TEXTOS LEGALES DE TU WEB O TIENDA ONLINE

Si tienes presencia en internet debes cumplir las siguientes normas:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Si quieres vender en Internet debes cumplir con las obligaciones que se derivan de las siguientes normas:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

LEY DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

LEY DEL COMERCIO MINORISTA

Es obligatorio que en la tienda online incluyas información vinculada con los productos a la venta, así como con el proceso de compra: características de los artículos, gastos de envío, formas de pago disponibles, plazo de entrega y política de devolución.

LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

EMAIL MARKETING

Salvo que las partes hayan acordado otra cosa, el vendedor debe ejecutar el pedido en un plazo máximo de treinta días a partir del día siguiente a aquel en que ha recibido la comunicación de pedido del comprador.

Como es evidente, en principio se le ha de entregar lo que éste ha comprado.

Ahora bien, es posible que no se pueda cumplir el plazo de entrega porque el producto solicitado no está disponible, en cuyo caso debe informarse rápidamente de ello al consumidor y ofrecerle la posibilidad de recuperar cuanto antes, en un plazo de treinta días como máximo, las sumas que haya abonado hasta ese momento.

Debe tenerse en cuenta que si no se respeta este plazo de abono, el consumidor puede exigir que se le devuelva el doble de la cantidad adeudada, pudiendo solicitar, además, una indemnización por daños y perjuicios si éstos se producen.

En caso de no tener disponible el producto solicitado, también se puede informar al consumidor de la posibilidad de enviarle otro de características similares y de igual o superior calidad.

Desde el día en que el comprador recibe el producto, éste tiene un plazo de 14 días hábiles para poder devolver el producto.

Debe tenerse en cuenta que no se puede penalizar al comprador en caso de que decida hacer uso de este derecho de desistimiento.

El comprador no está obligado a indicar ningún motivo para ello. No podrán devolverse todos los productos ya que existen limitaciones, entre otras, por ejemplo, productos perecederos, archivos de canciones, etc. Ejercitado este derecho, el vendedor debe devolver al comprador todas las cantidades íntegras, incluidos los gastos de envío, aunque se podrá solicitar al consumidor que abone los costes de devolución, en un plazo máximo de treinta días.

Si no se respeta este plazo, el consumidor puede exigir que se le devuelva el doble de la cantidad adeudada, pudiendo solicitar, además, una indemnización por daños y perjuicios si éstos se producen.

Cuando se deba reparar o sustituir el producto que hayamos enviado porque este no funciona hay que tener en cuenta que tanto la reparación como sustitución deben ser gratuitas para el consumidor y usuario, es decir, no se lo puede cobrar los gastos que haya que realizar para reparar o sustituir el producto, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales.

Deberán llevarse a cabo en un plazo de tiempo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario de acuerdo con la naturaleza de los productos y de la finalidad que tuvieran para el consumidor y usuario. La reparación y la sustitución suspenden el cómputo de los plazos durante los cuales el consumidor puede reclamar por el mal funcionamiento del producto, por no servir para los usos para los cuales se compró o por no ajustarse a las características ofrecidas.

Durante los seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan en el producto defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.

Si concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato.

Si la sustitución no lograra poner el producto en conformidad con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la reparación del producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato.

El consumidor y usuario no podrá exigir la sustitución en el caso de productos no fungibles, ni tampoco cuando se trate de productos de segunda mano.

El plazo de tiempo durante el cual el vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten es de dos años desde la entrega, aunque en los productos de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, sea éste nuevo o de segunda mano, ya existían cuando la cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad.

IVA aplicable al comercio electrónico

El tipo de IVA aplicable a las ventas de productos realizadas a consumidores finales se corresponde con el vigente en el lugar donde este establecida la empresa, independientemente del Estado de la Unión Europea donde resida el consumidor. Esto es, si la empresa está en España y el consumidor reside en Francia el tipo de IVA aplicable, en su caso, es el tipo de IVA general vigente en España, el 21%. No obstante si el volumen de ventas que tengamos en ese Estado excede de un determinado volumen, de entre 35.000 euros a 100.000 euros según el Estado miembro, tendremos que registrarnos a efectos de IVA en ese Estado y aplicar el tipo de IVA aplicable en ese Estado.

Las ventas de productos realizadas a consumidores finales que residan en Canarias están exentas de IVA y será el consumidor residente en Canarias el que deba pagar en destino el IGIC, los costes de aduana y de despacho en el momento que reciba el producto.

Finalmente existe un régimen especial del IVA para los servicios prestados por vía electrónica, es decir, aquellos servicios que consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de equipos de procesamiento, incluida la comprensión numérica y el almacenamiento de datos, y enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico u otros medios electrónicos.

Entre otros, son servicios prestados por vía electrónica, los siguientes:

• Suministro y alojamiento de sitios informáticos.
• Mantenimiento a distancia de programas y equipos.
• Suministro de programas y su actualización.
• Suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de datos.
• Suministro de música, películas, juegos, incluidos los de azar o de dinero y de emisiones y manifestaciones políticas, culturales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio.
• Suministro de enseñanza a distancia.

La Directiva 2002/38/CE del Consejo, de 7 de mayo de 2002, ha establecido el marco aplicable en toda Europa a las prestaciones de servicios por vía electrónica. Esta directiva diferencia entre dos situaciones:

1. Cuando quien presta el servicio está ubicado en España o en algún otro Estado Miembro de la UE.

2. Cuando quien presta el servicio está establecido fuera de la UE y no dispone en España (Península y Baleares) ni en otro Estado miembro de ningún establecimiento permanente desde el que prestar estos servicios y, además, no está obligado, por otros motivos, a estar identificado en la UE.

   Si necesitas saber si tienes nº de Iva intracomunitario puedes consultar aquí

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY DE CONSUMIDORES

Los servicios de atención al cliente

• Hay que identificarlos claramente en relación a las otras actividades de la empresa;
• Si se prestan por teléfono o Internet se debe garantizar una atención personal y directa;
• Hay que entregar una clave identificativa y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero, para que el usuario tenga constancia de sus quejas y reclamaciones;
• Las reclamaciones recibidas deberán tener respuesta en un plazo máximo de un mes. En caso de no resolverse, el empresario deberá informar de la posibilidad de reclamar a través de Confianza Online, o en su caso, a través del Sistema Arbitral de Consumo;
• Se prohíbe su utilización para la difusión de actividades de comunicación comercial;
• Serán diseñados según los principios de accesibilidad universal, garantizando el acceso a personas con discapacidad o personas de edad avanzada.

La obligación de suministrar las condiciones generales.

El hecho de no facilitar las condiciones generales de contratación a las autoridades competentes, constituye motivo de sanción.

La Información precontractual

• Se amplía la información que el consumidor o usuario deberá recibir con carácter previo a la formalización del contrato, como: o Identidad del empresario (incluyendo el número de teléfono y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe);
• Existencia de alguna restricción de suministro;
• Explicación de las modalidades de pago aceptadas.
• Existencia de la garantía legal y garantías comerciales;
• Existencia de compromisos de permanencia y eventuales penalizaciones que existan en caso de baja anticipada en los contratos de duración indeterminada o que se prolonguen de forma automática. Establece como consecuencia del ejercicio del derecho de desistimiento que la penalización por baja anticipada, o cese prematuro de la relación contractual, será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado.

La solicitud de depósitos de garantías

• Es necesario informar sobre la existencia y condiciones de depósitos u otras garantías financieras que, en su caso, los consumidores estén obligados a aportar (como en el caso del bloqueo de un importe en la tarjeta de crédito o débito).

  Los contenidos digitales

• Hay que informar de cuáles son sus funciones, medidas técnicas de protección aplicables y sobre los equipos y programas compatibles con los mismos, así como de cualquier limitación técnica.

El botón de pago

• El empresario deberá asegurarse de que el consumidor y usuario, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago. Por ello, deberá identificar de manera fácilmente legible el botón o la función de enviar un pedido con obligación de pago (por ejemplo con la frase «pedido con obligación de pago» o una formulación similar). En caso contrario, el consumidor y usuario no quedará obligado por el contrato o pedido.

Los gastos por la utilización de medios de pago

• Si por el medio de pago utilizado, al consumidor se le exige un cargo adicional, éste no deberá superar el coste real soportado por el empresario por el uso de tales medios;
• Corresponde al empresario probar el cumplimiento de esta obligación, mediante el desglose del precio total todos los incrementos y descuentos que se apliquen incluidos los ocasionados, en su caso, por la utilización de los medios de pago u otras condiciones de pagos similares.

El coste de llamadas

El uso de líneas telefónicas no deberá suponer para el consumidor un coste superior a la tarifa básica, es decir, el coste ordinario de la llamada de que se trate, y no deberá incorporar un importe adicional en beneficio del empresario;

El derecho de desistimiento

• El plazo para su ejercicio pasa de 7 días laborables a 14 días naturales desde la recepción del pedido o desde la recepción del último bien en caso de pedidos formados por varios productos o que éstos estén compuestos por múltiples componentes;
• El formulario de desistimiento será normalizado y podrá ser facilitado y rellenado online, confirmado sin demora con un acuse de recibo, por ejemplo por correo electrónico (anexo a la ley);
• Se amplía a 12 meses el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento si el empresario no informa o lo hace de forma inadecuada sobre la existencia de tal derecho;
• Se detallan de forma más explícita los supuestos en los que no cabe el ejercicio del derecho de desistimiento (destacan el suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y el suministro de grabaciones sonoras, vídeos y programas informáticos precintados, en ambos casos cuando hayan sido desprecintados por el consumidor después de la entrega);
• Siempre y cuando, se haya informado previamente, se puede exigir al cliente el pago de los gastos de devolución del producto;
• Si el empresario es quien gestiona la recogida, dispondrá de 14 días naturales, a partir de la comunicación del desistimiento, para realizar el reembolso de las cantidades abonadas por el usuario. Si no la gestiona, puede retener la devolución hasta que reciba los bienes o, si es anterior, hasta que el cliente presente una prueba de cómo ha devuelto el pedido;
• En caso de retraso injustificado del empresario en la devolución de las sumas abonadas por el consumidor, éste podrá reclamar el doble de las mismas. Si el cliente ejercita el derecho de desistimiento, hay que devolverle las cantidades que haya satisfecho, incluidos los gastos de envío o entrega. No obstante, si el cliente solicitó la modalidad de entrega urgente, no es necesario devolverle la diferencia existente entre los gastos de entrega estándar y la urgente;
• El consumidor sólo será responsable de la disminución de valor de los bienes adquiridos si hace un uso de los mismos distinto al necesario para establecer su naturaleza, sus características o su funcionamiento.

  El riesgo de pérdida o deterioro de los bienes enviados

• Corren a cargo de la empresa todos aquellos daños que se hayan producido antes de que le sean entregados al cliente. El consumidor deberá hacerse cargo del riesgo de pérdida o deterioro cuando éste o un tercero por él indicado y distinto del transportista, haya adquirido la posesión material del bien.

  Las llamadas comerciales

• Quedan prohibidas las llamadas en días festivos, fines de semana y laborables entre las 21 h y las 9 h;
• Igualmente, no se podrán realizar llamadas automatizadas sin intervención humana sin el consentimiento expreso previo del consumidor y usuario;
• Deberán llevarse a cabo desde un número de teléfono identificable;
• Se deberá informar al receptor de su derecho a manifestar su oposición a recibir nuevas ofertas y a obtener el número de referencia de dicha oposición, facilitando en su caso al consumidor en el plazo máximo de un mes un justificante de haber manifestado su oposición;
• Se deberán conservar durante al menos un año los datos relativos a los usuarios que hayan ejercido su derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales, junto con el número de referencia otorgado a cada uno de ellos, y deberán ponerse a disposición de las autoridades competentes;
• Cuando se realizan llamadas salientes con finalidad de venta, el consumidor que haya manifestado telefónicamente su voluntad de adquirir el bien o servicio, deberá confirmar dicha voluntad por escrito, mediante papel, correo electrónico, fax o SMS.
• Antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato u oferta, el empresario deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal del empresario, sin que se puedan utilizar opciones que por defecto deba rechazar para evitar el pago adicional.

  La factura electrónica

• Los consumidores tendrán derecho a recibir la factura en papel;
• Sólo si el usuario ha prestado su consentimiento expreso, podrá recibir la factura electrónica.
  

  La entrega de los bienes

• El plazo máximo de entrega sigue siendo de 30 días naturales, salvo que las partes acuerden otra cosa. Si ello no ocurre, el consumidor y usuario, antes de poder resolver el contrato, deberá emplazar al empresario a que le haga la entrega en un plazo adicional razonable y, transcurrido éste sin que se produzca la entrega, tendrá derecho a resolver el contrato.