Por qué ha subido tanto la factura de la luz: La respuesta  no es simple, y varía dependiendo de quién responda. No obstante, el problema parece ser estructural,  y está originado por una mala planificación del gobierno y los incentivos que crea a través de las subvenciones.

Las sucesivas planificaciones energéticas españolas que se han llevado a cabo desde finales de los 90 se dirigieron a estimular el desarrollo de las energías renovables, alentada por  Europa, por razones medioambientales, una política que además parecía tener sentido económico en un país sin combustibles fósiles competitivos y con abundante sol y viento.

Pero las tecnologías para explotar ambos recursos eran inmaduras y más caras que las ordinarias, hidroeléctrica clásica, carbón o nuclear.  Por lo que España invirtió  ingentes recursos en forma de ayudas a la producción para instalar molinos de viento y huertos solares. Y al mismo tiempo favoreció la instalación de centrales de gas de ciclo combinado como energía de respaldo, para asegurar el suministro cuando fallara el sol y el viento.

Entre 2002 y 2012 se construyeron 27.000 megavatios con el incentivo de pagos de capacidad garantizados por unos 600 millones de euros anuales. En 2012, las explotaciones fotovoltaicas recibieron 2.600 millones en primas, la mayor cantidad de todo el sistema, por cubrir poco más del 3% de la demanda eléctrica del país. Los excesos también se dejan ver en el despliegue de las centrales de gas: las eléctricas instalaron más de 60 grupos que hoy apenas funcionan por la caída de la demanda y el abuso de capacidad instalada. La época de bonanza dejó en herencia un sector energético sobredimensionado, caro y por amortizar.

A ello hay que añadir que el desarrollo de energías renovables, se basó en la concesión de subsidios, y la concesión de primas, lo que atrajo al inversor, generando otros 26.000 megavatios. Todo esto ocurrió en pleno ciclo de expansión de la economía y con los tipos de interés a ras de suelo, lo que estimuló aún más las inversiones , y además se seguía manteniendo el carbón nacional, también con subvenciones.

 Para todos esos planes de crecimiento hubo que construir redes, lo que supuso un coste adicional de 1.400 millones de euros. Y además, se subvencionó a los clientes que aceptaron interrumpir obligatoriamente su suministro (500 millones anuales que fueron 700 en 2013) o incluso subvenciones a la cogeneración de las industrias (1.989 millones). En suma, más del 1% del PIB en subvenciones cada año.
Con la crisis en 2008 y el pinchazo de la burbuja, dejó de crecer la demanda, el sistema se colapsó y se dispararon los costes

Entre 2008 y 2011 España pasó de tener un coste medio para la electricidad para consumidores pequeños ligeramente superior a la media europea, a tener un coste medio superior en un 20%.  Los sobrecostes empezaron a acumularse, al no pagarlo dió lugar al déficit de tarifa, cuya cuantía fue creciendo a una media de 4.000 millones anuales desde 2008.  Esto ni quiere decir más que  los clientes tenemos  una deuda con el conjunto del sector eléctrico, que se acumula de forma crónica año a año, y esto es el famoso  «déficit tarifario».

Hacia 2002, el Gobierno reconoció por primera vez el derecho de las grandes compañías eléctricas -el influyente «lobby» agrupado en la patronal Unesa- a ser compensadas por el «déficit tarifario».

Las empresas incorporaron la deuda a sus balances como «derechos de cobro» y asumieron los costes financieros. A partir de 2005, el déficit se disparó y se reconocieron deudas con las eléctricas que en algún ejercicio llegaron a superar después los 6.000 millones.

A diferencia de otros países en lo que las apuestas de política energética se financiaron al contrario que en  otros países que financiaron con impuestos (vía presupuestos generales del Estado), España siguió a aquellos otros que descargaron los costes sobre la tarifa o lo que es lo mismo, sobre la factura de luz.

En denitiva, y por lo que nos toca como consumidores, hay un agujero que se arrastra, y sigue aumentando porque los ingresos, esto es los pagos de familias y empresas, no alcanzan sistemáticamente para pagar los costes (generación, transporte, distribución, subvenciones…). Y ello pese a la constante subida de la luz en estos años y de los intentos de los sucesivos gobiernos de reformar el sistema.

Los españoles tenemos  por pagar una deuda con las eléctricas cercana a los 30.000 millones de euros y que pesará sobre el recibo durante al menos 15 años.